Colombia vive una situación de emergencia humanitaria hace muchos años, pero no por una guerra de dos bandos enfrentados, sino por una matanza de grupos armados (uno legal, el otro ilegal, y el otro legalizado recientemente) contra ciudadanos desarmados quienes sufren las consecuencias. Con la anuencia del Estado se ha puesto en marcha una maquinaria de expropiación de la riqueza que arrasa vidas bajo el manto protector de la impunidad, garantizada por leyes hechas a la medida.